El llamado artículo 47 (II)

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El artículo empieza bien. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Además no se queda ahí, no. Nos asegura que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. ¡Qué “enrollaos” los poderes públicos!, es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando llegas a esta parte.

Sin embargo, sólo hace falta seguir leyendo dos líneas más para darse cuenta que realmente lo que hacen los poderes públicos es reírse en tu cara con ese “…regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”

Sin comentarios.

Y es que el 47 como tantos otros artículos se encuentran dentro del capítulo III de la Carta Magna, que recoge los “Principios rectores de la política social y económica”. Los mandatos aquí recogidos, dicho de una forma breve, no valen para nada si no existe el pertinente desarrollo legislativo. Pues estos mandatos omiten la formulación tanto de los medios que hay que seguir para alcanzarlos como de los mecanismos jurídicos necesarios para exigir su cumplimiento.

Es decir, si tu vas a un juzgado y dices: Oiga señor juez, que tengo derecho a una vivienda digna (art.47), o que tengo derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art.45) lo más fácil es que amablemente te indiquen la salida.

Estos días se ha publicado una encuesta que aseguraba que el 88% de la población española estaba a favor de una reforma de la Constitución.

Evidentemente el Presidente del Gobierno ha dicho que en estos momentos no era prioritario (con el desgaste político que le supuso la aprobación del Estatut, que no deja de ser una ley orgánica, una mini-constitución si quieren, imaginen la que se montaría si lo que se reformase fuese la Constitución).

La mayoría de las personas están a favor de modificar el 57.1, que impide a Leonor acceder al trono cuando llegue el momento. A ver, un poco de cordura, los artículos del 56 al 65 no hay que modificarlos. Son los que regulan a la Corona y determinan por tanto entre otras cosas que la figura del rey es “inviolable” o que Juan Carlos puede hacer lo que se le venga en gana con la partida del presupuesto que se le destina cada año sin dar cuentas a nadie.

No se equivoquen. Hay que suprimirlos.