Durante estas últimas semanas están apareciendo gran cantidad de artículos en los diversos medios de comunicación acerca de la polémica Ley de Memoria Histórica.
El último en subirse al carro de las declaraciones ha sido el cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal: Rouco Varela. El prelado abogó hace un par de días por el olvido de “los lastres del pasado”.
Supongo que se referirá al olvido de la mitad de la Historia que estos días parece que poco a poco, y con cierto retraso quiere salir a la luz.
Es decir, a la historia de los miles de republicanos que fueron arrojados a fosas comunes durante los tres años de contienda y durante la represión posterior favorecida por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Una ley de carácter retroactivo por la que se declaraban “rebeldes” (invirtiendo la realidad de los sucesos; pues a mi entender rebeldes son los que se sublevan contra un régimen democrático) a todos aquellos que se hubieran opuesto a la sublevación militar por acción u omisión.
Sin embargo Rouco no pide el olvido para las más de 400 víctimas del bando franquista que el episcopado español ha propuesto canonizar, y que se sumarían a las 977 que ya ha sido elevadas a los altares.
La derecha trata de calmarse la conciencia alegando que la brutalidad desatada tras el golpe de Estado de Julio del 36 fue similar en ambos bandos. No, mientras la represión en la zona republicana tras los primeros meses se atenuó en gran medida, la represión ejercida por los sublevados se prolongaría durante toda la contienda y la dura posguerra (amparada por la ya citada Ley de Responsabilidades Políticas).
Por otra parte podemos destacar las sádicas intenciones del Dictador que trató de prolongar la contienda para llevar a cabo una exterminación sistemática del enemigo y a su vez ganar tiempo para asegurarse el poder dentro de su bando.
Así, cuando la toma de Madrid se daba por hecha, Franco, desvió a las tropas a “liberar” el Alcázar de Toledo, favoreciendo la reorganización de las defensas republicanas en la capital y prolongando de este modo el conflicto.
Otra situación similar la encontramos en los últimos momentos de la contienda en los que el Gobierno de Burgos se negó repetidamente a aceptar la redición republicana que tan sólo pedía que no hubiese represalias contra los vencidos.
Pero en fin, ya conocemos de sobras las contradicciones de la Iglesia. Mientras hacen campaña a favor de la caridad, de la Iglesia de los pobres y el rechazo del enriquecimiento y la avaricia, el episcopado, a través de varias sicav (sociedades de inversión de capital variable) se dedica a invertir en bolsa el dinero que con buena fe les conceden sus feligreses. Ahora, como las cosas por la bolsa con esto de la crisis están mal, han preferido desviar sus inversiones a letras del Tesoro.
La principal sicav de esta institución se llama Umasges. Tiene un capital social que alcanza prácticamente los 8,8 millones de euros. Este se divide en un 10% en el arzobispado de Madrid, un 32 en el de Burgos y el resto a una mutua de seguros de la Iglesia Católica, cuyo presidente es, casualmente, el pro-amnésico Rouco Varela.
Incluso en Suiza, 70 años después de la contienda que tuvo lugar fuera de sus fronteras, el Gobierno federal ha aceptado una moción del parlamento por la cual se rehabilitará a los brigadistas internacionales suizos que participaron en la Guerra Civil. Estos fueron sancionados a su regreso al país helvético por haber incumplido la neutralidad del país; sin embargo, a día de hoy la moción afirma que "la historia ha demostrado que los que lucharon por la democracia entre 1936 y 1939 merecen reconocimiento".
En definitiva, mientras a más de 1000 km de nuestras fronteras, los combatientes republicanos tienen el reconocimiento que se merecen, en España, tras treinta años de democracia la situación sigue siendo la misma: Memoria para unos y olvido para otros.
¿Hasta cuando?
ZOMBIELAND (2009)
Hace 15 años